Un gran discapacitado ha de superar 10 escalones y un ascensor estrecho para salir a la calle.

Los diez escalones que separan el ascensor de casa de la calle son el obstáculo hacia la vida normal que Pablo Cervera supera cada día. Porque a pesar de que la ley autonómica contra las barreras arquitectónicas tiene casi una década (es de 1998) y de que luego han venido otras normas y decretos de todas las administraciones por la accesibilidad, el edificio de la calle de Fray Junípero Serra de Valencia donde vive Pablo no tiene rampa ni plataforma elevadora. Y mucho menos un ascensor adaptado. Tampoco su vivienda está preparada profesionalmente: la cama está levantada sobre unas cuñas de madera no demasiado estables, la silla de ruedas no entra en el baño y las sujeciones que hay en los pasillos, el dormitorio y el baño son las que su madre buenamente encargó a un herrero.

Así que Pablo, de 23 años y con una ataxia de Friedreich -enfermedad degenerativa que va debilitando los músculos- que le ha causado ya una discapacidad del 83%, afronta cada día el sobreesfuerzo de ponerse de pie en un ascensor sin asideros, encajarse con su silla en la cabina y someterse después al descenso de los diez escalones. Agarrado a la barandilla, de espaldas a la calle y lentamente, arrastra los pies hasta vencer cada uno de los peldaños. Siempre, por supuesto, con la ayuda de otra persona, que suele ser su madre. En ocasiones se ha caído y ella ha tenido que levantarlo como ha podido, afirma mientras enseña las fajas lumbares que ha de llevar. Por supuesto, la misma experiencia y los mismos riesgos se repiten cuando vuelve a casa.

Isabel García, con una minusvalía del 56% por la vista y la depresión, se lamenta de que hace seis años que reclama una plataforma elevadora que facilite la vida a su hijo, pero pasa el tiempo y nada cambia. No obstante, parece que ahora algo pinta mejor: por fin, en unos días, los vecinos se reunirán para tratar esta cuestión y, si más de la mitad lo apoya, asumirán el gasto, que ronda los 8.000 euros.

Después habrá que esperar las ayudas, que no son muchas. Según la Coordinadora de Discapacitados Físicos (Cocemfe), las de la Conselleria de Bienestar Social son de escasa cuantía y las de Territorio y Vivienda están orientadas a reformas muy costosas (de más de 1.500 euros por vecino).

La accesibilidad es un requisito de todos los edificios desde 2003, no una mejora, pero no hay obligatoriedad de hacer obras si el coste de estas excede de tres mensualidades de gastos comunes. Así que la legislación ha mejorado, pero aún quedan agujeros que el máximo órgano de los discapacitados (el Cermi) reclama a los partidos que se subsanen.

Mientras tanto, Isabel espera de los servicios sociales municipales algún apoyo para poder instalar una cama eléctrica y una plaza en un centro de día para su hijo. Hace dos años que está en ello, asegura, pero no pasa la barrera de la lista de espera. Lo único que ha conseguido es tener todas las mañanas una ayuda a domicilio.